Presupuesto del Estado en manos mineras

Aunque pocos lo crean, las compañías mineras de El Callao eran tan productivas y eficientes que llegaron a administraron el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Bolívar.  El Gobierno, por lo visto, era mal administrador y, por tanto, no le alcanzaban los reales para resolver los problemas o necesidades públicas.

Pues bien, dada esa anómala circunstancia, los directivos de la compañía aurífera asumieron esa responsabilidad partir del trienio constitucional del General de División Martín Davalillo que, por cierto, no concluyó  su mandato debido a que intempestivamente renunció desde Upata en el curso de una gira administrativa por el interior de Guayana.  No le quedaba al pobre otra alternativa.

            El que las compañías  que explotaban las ricas minas auríferas de El Callao, administraran el Presupuesto del Estado resultó como solución salomónica al conflicto surgido entre el Poder Ejecutivo  Regional y las concesionarias mineras por la carga impositiva virtualmente onerosa a que obligaba el reiterado y nunca enjugado déficit presupuestario.

            Los decretos del conflicto establecían impuestos adicionales sobre concesiones mineras no explotadas, el oro en bruto extraído y enviado a Ciudad Bolívar para su exportación y sobre algunos terrenos agrícolas en poder de las compañías.

            Los representantes de las empresas auríferas de El Callao entre ellas, las de Potosí, Mocupia, New York, Caratal y Chocó, propusieron al Ejecutivo mediante convenio, formar una Compañía de Crédito Público con el objeto de proveer al Tesoro del Estado los fondos necesarios para cubrir totalmente el presupuesto del año, sin el contratiempo de las insuficiencias que llevaban frecuentemente al ejecutivo a pedir prestado a las casas mercantiles.  Así fue aceptado por el gobierno regional a partir de marzo de 1877.

            Para ello el Gobierno se comprometió a poner semanalmente a disposición de la Compañía de Crédito Público todos los  ingresos al Tesoro del Estado, incluyendo los que tenía en caja  para la fecha, pero también las deudas pendientes con las casas mercantiles.  Todo cuanto percibiera la Compañía de Crédito Público por parte del tesoro del estado  sería destinado a la cobertura del presupuesto en un 80 por ciento y el 20 por ciento  restante quedaría en fondo para créditos y amortización de billetes emitidos y permitidos.

            Si el 80 por ciento de lo ingresado por el Tesoro a la Compañía  no resultaba suficiente para satisfacer el pago del  Presupuesto  del Estado, la Compañía de Crédito Público debía cubrir el déficit.  El Presupuesto anual del Estado de Guayana estaba entonces por el orden de los 54 mil venezolanos y con el mismo se cubrían los gastos de funcionamiento  del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tesorería del Estado, Inspectoría de Minas, Instrucción Pública, Gastos de Imprenta, Pensiones, Correos, sueldos de la Banda Piar, adquisiciones, fiestas nacionales y patronales y la dieta y viáticos de los diputados a la Asamblea Legislativa.

            El gobierno pagaba a la compañía por concepto de administración el 2 por ciento sobre las cantidades erogadas mensualmente y cuando a la hora de corte de cuentas el saldo resultaba desfavorable al Tesoro Público, se cubría con el impuesto ordinario sobre las minas.

            Estas empresas mineras, accionarias de la Compañía de Crédito Público, explotaban parte de las 95 minas pertenecientes a la Compañía Minera Unión que el año anterior (1876)  había fundado como accionistas,  Antonio Liccioni en calidad de Presidente;   J. B. Tavera Acosta, como vicepresidente; M. A.  Troconis, José W. Navarro, Luis. N. Nyer, Antonio Liccioni hijo;  Merizo Palazzi, Domingo Caninacci, Domingo y Pedro Battistini, con un capital de 14.400  venezolanos.  Tales minas fueron adquiridas  por un precio menor –12 mil venezolanos- a Felipe Bigott.